El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, solicitó al Senado a aprobar urgentemente la Ley Antilavado, que tiene dos años sin avanzar.

Nieto Castillo advirtió que México puede caer en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por incumplimientos en los estándares internacionales a los que se comprometió cumplir.

“El Senado tiene que aprobar la reforma de la Ley de prevención, que se encuentra pendiente desde hace dos años. Creo que no es un tema de agenda personal o de agenda institucional, es un tema de cumplimiento de estándares institucionales, podemos discutir lo que quieran de la Ley de Instituciones de Crédito y los temas relacionados con la lista de personas bloqueadas, pero esta otra, la Ley Antilavado, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y cumplir con estándares internacionales que sí tiene un impacto negativo en nuestro país”, sentenció el titular de la UIF.

Santiago Nieto presentó el libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en coautoría con Karla Valenzuela y Sandro García Rojas, con quienes coincideron en que México ha avanzado en la prevención y combate al lavado de dinero, pero hay pendientes fundamentales como la aprobación de esta ley, que no ha podido avanzar en el Senado.

“Lo que hay que dejar muy claro es que no podemos perder tiempo, y hemos perdido dos años en una iniciativa que se encuentra todavía en el Senado de la República, cuyo único objetivo es cumplir con las reglas internacionales para que nuestro país no tenga un perjuicio que sería llegar a una lista gris de GAFI”, resaltó.

En este sentido destacó que con los avances en otras recomendaciones de GAFI se ha podido detectar de manera inmediata las anomalías en el sistema financiero, como generar las guías para los sujetos obligados, lo que  permite detectar posibles recursos ilícitos en las campañas y reportarlo inmediatamente.

Empresas de subcontratación ¿sujetas a Ley Antilavado?

Con la publicación de la reforma en materia del outsourcing, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de abril de 2021, en cuanto a la Ley Federal de Trabajo (LFT), se derogó el Artículo 15-A, el cual señalaba que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecutaba obras o prestaba servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Asimismo establecía las condiciones que debían de cumplirse.

Con la modificación, sólo se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público (Artículo 13 LFT).

Por otra parte, en el Portal de Ley Antilavado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en diferentes fechas ha publicado la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde hacen referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.

Al respecto, se puntualiza que el contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado.

Así las cosas, surge la duda respecto a que si con la reforma reciente en Ley Federal de Trabajo, bajo la nueva norma de la subcontratación, las empresas especializadas a las cuales se les permite prestar servicios subcontratados, deben de cumplir obligaciones en materia de Ley Antilavado. Analizando la información de la UIF, la misma se refiere al Artículo 15-A de la LFT, la cual como hemos mencionado, ha quedado derogada, por lo que en principio, el comunicado de la UIF quedaría también sin materia.

El Artículo 17 fracción XI inciso b) de Ley Antilavado establece lo siguiente:

Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.

Dado que las sanciones administrativas previstas en La Ley Antilavado pueden ir de las 200 y hasta las 65,000 UMAS, según corresponda por la infracción cometida, urge que la UIF fije su posición al respecto y no dejar en estado de indefensión a las empresas especializadas, que a partir de la reforma al outsourcing, empezarán a funcionar bajo el nuevo esquema.

Con información de Regeneración y El Diario de Coahuila