Es un problema grave que puede profundizarse: según datos oficiales, en México existen al menos cinco millones de casas abandonadas, y no se sabe qué va a pasar con ellas.
En muchos casos sus propietarios las desalojaron para huir de la violencia. Pero en otros las viviendas se construyeron en zonas inadecuadas o no se les proporcionaron servicios básicos.
Durante el sexenio de Fox y también con su sucesor, Felipe Calderón, México registró una explosión del desarrollo inmobiliario de interés social, viviendas para personas de bajos recursos que podían ser adquiridas a crédito, mayoritariamente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, después de este boom las viviendas han ido quedando abandonadas a un ritmo promedio de 81 mil por año, de acuerdo con cifras del Instituto.
“Le prometían a la gente que iban a llegar fábricas y ahí iban a encontrar trabajos. Eso nunca pasó, entonces la infraestructura nunca llegó y se quedaron en zonas muy inseguras y poco desarrolladas, obligando a muchas personas a irse”, puntualizó Milena Dovalí, coordinadora de Investigación de Oxfam México.
El propio Infonavit es consciente de esta gran omisión. Su actual director, Carlos Martínez, explicó que el modelo de desarrollo urbano tan extensivo que se dio entre 2001 y 2012 no tenía ninguna regla de calidad urbana.
“Se construyeron desarrollos a diestra y siniestra en muchos lugares donde ni siquiera había servicios públicos, había promesas pero al final nunca hubo hasta la fecha, hay desarrollos en los que nunca llegaron. Son desarrollos alejados de los centros urbanos, sin transporte público cerca, inhabitables, que aún así se colocaron a través de créditos del Infonavit”, indicó el funcionario.
Infonavit, la usura y el lucro
Sin embargo, la causa más importante del abandono de millones de viviendas es que, al final, los trabajadores no pudieron pagarlas, apuntó Milena Dovalí. De los cinco millones de créditos otorgados, 3.9 seguían un esquema de salario mínimo, de acuerdo con cifras del Infonavit. Esto implicaba que, cada vez que el salario mínimo aumentaba, también crecían los precios y el crédito, pero no en la misma proporción y las deudas terminan siendo impagables.
“Había trabajadores que después de 15 años de estar pagando, debían cinco veces más de lo pactado en un principio. Y esto es el principal problema, que la política de crédito a la vivienda ha sido un fracaso para atender a la gente más pobre, esas que supuestamente eran de interés social fracasaron”, sentenció la investigadora de Oxfam.
Y es que el boom de productividad de algunos sectores de la economía no se vio acompañado de un aumento real al salario de miles de trabajadores, que ya no encontraron cómo mantener sus créditos Infonavit y prefirieron abandonar el sector formal y su vivienda, abundó el director del Instituto.
Esta condición es otro factor de exclusión y desigualdad, señaló la activista Dovalí, pues las únicas facilidades de gobierno para que los más pobres logren adquirir una vivienda, se otorgan sólo a los trabajadores del sector formal, que no alcanzan la mitad de la población económicamente activa (44%), según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi). Este esquema deja fuera al 56% de trabajadores informales que hay en el país.
“La mayor parte de los más pobres no tienen acceso a ellos. Entre el 10% más pobre, hasta 94% tiene que recurrir a sus propios recursos para pagar o construir su vivienda y sólo el 6% tiene acceso a un crédito formal, ya sea Infonavit, Fovissste o un banco”, dijo Dovalí en referencia al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Con información de Animal Político.