Una auditoría realizara a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), dirigida por Benito Neme Sastré – compadre del presidente Enrique Peña Nieto, reveló un contrato con una empresa “fantasma” que habría causado un daño patrimonial por 38.5 millones de pesos.
Capufe que cuenta con más de 3 mil empleados en su nómina, habría formado un contrato outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa llamada Servicios Integrales Trujillo Romano, con vigencia de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2019. La empresa tendría un domicilio “fantasma” con evidente irregularidades en la supuesta contratación de más de 4 mil personas.
La investigación realizada por Órgano Interno de Control (OIC), presume el daño patrimonial de 38.5 millones de pesos realizado por el concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.
Fernández Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas de Capufe, firmaron el contrato con el representante del outsourcing. Ambos subalternos de Neme Sastré, compadre de EPN, son investigados también “por concepto de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”.
Entre las irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al personal de mando de Capufe; además, “no cumple con el objeto del contrato que especifica la necesidad de personal especializado para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras” del Fideicomiso Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Servicios Integrados Trujillo Romano también habría presentado documentación apócrifa, y en la evaluación realizada de la licitación pública nacional que derivó en este multimillonario contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que de las 12 empresas que supuestamente emitieron documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.
Al acudir a Lago Victoria 74, piso 11, colonia Granada, en la Ciudad de México, donde presuntamente Servicios Integrados Trujillo tiene sus oficinas, los auditores destacan que en el lugar “no se advierte ninguna razón social del proveedor”.
Sólo se pudo identificar el logotipo de la empresa Grupo Proyección Fiscal, sin relación alguna con una compañía de outsourcing, “por lo que se infiere que el personal que presentó el proveedor en su propuesta para concursar en la licitación pública nacional no existe”.
Cabe remarcar que el propio Fernández Sánchez ha obstaculizado el trabajo de los auditores internos y ha incurrido en otras irregularidades, como subcontratar a su pareja sentimental con un sueldo de 65 mil pesos.
Servicios Integrados Trujillo presuntamente había contratado a cerca de 4 mil personas con sueldos de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales para dar servicios “para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como para la operación y conservación de la red de carreteras” del Fonadin que administra y opera Capufe, sin embargo este personal en su mayoría no existen o no realizan las funciones que establece el contrato 4500025581.
Dicho contrato estipula que los comprobantes fiscales serán autorizados por la Gerencia de Administración de Capital Humano a nombre del Fonadin –no de Capufe–, mientras que el outsourcing deberá cubrir “el monto autorizado para la capacitación, los viáticos generados, pasajes terrestres, peajes y gasolina generados en las comisiones que se le asignen” al personal especializado.
Con información de Proceso