La extinción de dominio con la que se quitará sus propiedades a los corruptos priístas.

POLITICA

La extinción de dominio con la que se quitará sus propiedades a los corruptos priístas.



Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron por unanimidad cambios a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que reforma los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio, con los que se pretenden recuperar hasta 17 mil millones de dólares por esta vía.

¿De qué se trata?

La Ley Federal de Extinción de Dominio vigente consiste en la pérdida de los derechos sobre todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles.

La extinción de dominio se aplicará sobre bienes que puedan acreditarse y estén relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo con violencia, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, tortura y trata de personas.

Los cambios precisan que el procedimiento de extinción de dominio es sobre “derechos reales o bienes incorporados al patrimonio de una persona” y no sobre su “eventual participación o responsabilidad en la comisión de los ilícitos”.


Además, a propuesta del PRD y del PRI, se aprobó que el imputado pueda defenderse ante las acusaciones del Estado, ante el riesgo de que pueda aplicarse esta figura de manera indebida.

El dictamen destaca también la necesidad de fortalecer el combate al crimen organizado y a la corrupción, pues estos convergen de estructuras financieras y económicas ilícitas.

Agrega que se deben incluir figuras legales que incentiven la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de conductas delictivas, además de que se deben crear políticas públicas eficaces en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

Finalmente, la propuesta incluye cambios a la fracción XXX del artículo 73 constitucional, que indica las facultades del Congreso para instruir las leyes en materia de procedimientos civiles y familiares. Se lee que el Congreso tiene la facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio.

Con información de Milenio y El Financiero