El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal Local para tipificar como delito la “corrupción inmobiliaria“, la cual podría ser castigada con penas entre 10 y 30 años de prisión.

La reforma propuesta por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, fue aprobada en el Congreso capitalino y esta define una sanción en contra de servidores públicos que permitan la construcción de inmuebles, o la construcción de pisos adicionales, que no cumplan con los requisitos correspondientes ante la Ley

Además, el artículo 276 Quarter, añade que las penas podrán incrementarse cuando la anterior violación a la ley produzca beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, a las personas funcionarias públicas, su cónyuge, descendientes, ascendientes, socios o sociedades en las que participe. En estos casos, la pena alcanzaría su máximo que es de 30 años de prisión.

La decisión de tipificar el delito fue tomada después de las investigaciones de la Fiscalía Capitalina que detectaron el modus operandi del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, otrora gobernada por Santiago Taboada, quien hoy busca la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PAN, PRI y PRD.

Este entramado criminal, encabezado por distintos funcionarios públicos ligados al PAN, permitía la construcción de edificios o niveles excedentes ilegales en inmuebles de la alcaldía Benito Juárez, a cambio de favores, pagos o incluso departamentos.

Hasta el momento, de estos funcionarios, han sido detenidos 16, entre ellos el exalcalde Christian Damián Von Roehrich y el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez de 2006 a 2018, Nicias René Aridjis Vázquez.

Sobre el dictamen, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, indicó que la finalidad de esta reforma es sancionar como un delito cuando funcionarios públicos autoricen, permitan o toleren, por acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requerimientos establecidos en la ley.

“Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”, agregó.

Con Información de Polemón.