La Estafa Maestra fue un esquema de desvío de recursos públicos descubierto en 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata de dinero proveniente del presupuesto de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que encabezó la PRIÍSTA Rosario Robles Berlanga, con la participación de varias universidades públicas y un grupo de empresas fantasma. Los recursos desviados ascendieron a más de 7 MIL MILLONES DE PESOS, dinero de todos los mexicanos.
De acuerdo con la Agencia Proceso (A?ro), citando información de la FGR, seis de los más de 60 “funcionarios” investigados ya se encuentran sometidos a proceso judicial; otros siete aparecen en carpetas de investigación atoradas desde hace tres años, mientras que 57 están señalados en las 23 carpetas de investigación abiertas tras las denuncias que la ASF interpuso desde 2015.
De los ex “funcionarios” investigados, ocho “están interponiendo una serie de amparos y haciendo toda clase de gestiones para no ser sancionados […] están buscando lo que sea para detener estos procesos”, informó hoy el fiscal general designado el pasado 18 de enero, Alejandro Gertz Manero, citado por la agencia A?ro.
Se trata de ex colaboradores directos de Robles Berlanga en SEDESOL y en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano (Sedatu), según detalla el medio aquí citado. Aunque la fiscalía de López Obrador no reveló los nombres de los ex “funcionarios” en cuestión, A?ro recordó que, desde 2015, Robles mantuvo en la nómina federal a individuos que habían participado en los esquemas fraudulentos de la Estafa Maestra.
Poco antes de concluir el espuriato peñista, Robles reiteró con maniobras engañosas que nunca estuvo involucrada en los desvíos denunciados, y retó a la nueva administración del tabasqueño a investigarla “hasta debajo de las piedras”. En múltiples ocasiones aseguró que los señalamientos de la ASF “ya habían sido superados”, lo que a todas luces resultó falso frente a los amparos que obtuvieron sus colaboradores para evadirse de la justicia.
Por cuanto a los seis ex “funcionarios” ya vinculados a proceso, Gertz acotó que se encuentran el libertad debido a que los delitos que se les imputan “no son delitos graves de acuerdo con la ley vigente”. También interpusieron amparos que, según la nueva fiscalía, “impiden llevar a cabo la audiencia de imputación y vinculación”.
Asimismo, se informó que la antigua PGR del espuriato peñista dejó averiguaciones previas “incompletas” y que no hizo nada por seguir la pista de los recursos desviados. “En aquel entonces el MP (Ministerio Público) tenía la facultad de solicitar la información financiera directamente a instituciones como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y otras del sistema financiero”, aseveró.
Con información de Agencias