El general brigadier del Estado Mayor Eduardo León Trauwitz, quien fungía como subdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex y es investigado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su posible consentimiento en el robo de hidrocarburo, presuntamente se valió del entonces senador Omar Fayad Meneses para presentar una "ley a modo y un juzgador a modo" en materia de combate a la extracción ilícita de crudo.
El proposito de esta ley era que no incluyera la extinción de dominio ni el aseguramiento de las gasolineras que vendieran combustible robado, y menos la conformación de una fiscalía especializada en la materia dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).
Estas fueron las diferencias fundamentales entre la iniciativa presentada por el diputado federal priista Marco Antonio Bernal –aprobada el 9 de septiembre de 2014 por 366 votos a favor y 17 en contra– y la ley que rehizo y confeccionó en el Senado su correligionario Omar Fayad, aprobada el 12 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016.
En ambas leyes estuvo la mano y la presión de Eduardo León Trauwitz.
La iniciativa impulsada por Bernal fue elaborada en la oficina del Departamento Jurídico de Pemex, a cargo de Marco Antonio de la Peña.
Bernal propuso que, ante la inexistencia de un tipo penal específico que sancionara a las gasolineras que expendieran el combustible robado, se reformaran y derogaran diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incorporara a las gasolineras.
En particular, propuso reformar el último párrafo del artículo 368 del Código Penal Federal para que, además de las sanciones contempladas, como penas de prisión y sanciones económicas, se impusiera “la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad” de las gasolineras.
La iniciativa que presentó Fayad mencionó que alrededor de los 68 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex las “tomas clandestinas” han aumentado “considerablemente entre 2010 y 2014” y que 95% de quienes realizan estos robos no son detenidos ni existen aseguramientos.
Como ese delito no es considerado grave, las inculpados salen con facilidad. En 2013 hubo 937 detenciones; al año siguiente fueron 711. El daño ocasionado por el “mercado ilícito de combustible” (Fayad no lo llama crimen organizado) ascendió a 32 mil 200 millones de pesos.
Las omisiones
En su iniciativa, Bernal expuso ante la Cámara de Diputados esa misma cifra y datos similares, pero destacó el incremento exponencial de las “tomas clandestinas” en los ductos de Pemex, justo en el periodo del general León Trauwitz. En 2010 fueron detectadas y clausuradas 710 tomas clandestinas. En 2013 eran 3 mil 46; es decir, se cuadruplicaron.
La exposición de motivos de la iniciativa de Fayad mencionó que “se tienen detectados a miembros de la delincuencia organizada, especializados en la sustracción de hidrocarburos y realizan dichas actividades, coaccionando al personal de Petróleos Mexicanos y miembros de seguridad pública federal, estatal y municipal que participan en la realización de dichas actividades o bien para que proporcionen la información necesaria”.
Sin embargo, acotó el documento, “el fenómeno relacionado con el robo de hidrocarburos no sólo se da por la delincuencia organizada. Existen zonas geográficas en donde la mayoría de los robos, a través de las tomas clandestinas a ductos, son cometidos por personas que no pertenecen al crimen organizado, pues en varias ocasiones los mismos concesionarios ordenan a sus empleados sustraer hidrocarburos”.
Ninguna de las dos iniciativas mencionó que 80% del robo de combustibles proviene de la propia estructura de Pemex y un 20% lo realizan personas ajenas a la empresa pública. Tampoco destacaron que la propia administración de Pemex notificaba este robo y lo contabilizaba como “mermas” y no como sustracción ilegal de combustible.
El Senado actual, a iniciativa de Martí Batres y Antares Vázquez Alatorre, aprobó el 6 de diciembre pasado una reforma al artículo 19 constitucional que tipifica como “delito grave” y autoriza la “prisión preventiva” a ilícitos como la delincuencia organizada, el feminicidio o el secuestro, pero también “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, lo que obligará a rehacer o diseñar una nueva ley secundaria contra el robo de combustibles.
Desde Hidalgo, el actual gobernador Omar Fayad afirmó el 7 de diciembre que apoya esta modificación constitucional y recordó que cuatro años antes le costó “mucho trabajo” por “tantos intereses que hay ahí metidos” sacar adelante la ley contra el huachicoleo.
Hidalgo está catalogada como la segunda entidad con mayor número de “tomas clandestinas” detectadas en ductos de Pemex, con un total de mil 491 de enero a septiembre de 2018.
Con información de Proceso.