Por unanimidad, el Congreso de Chiapas eliminó los financiamientos públicos a partidos politícos para la contienda electoral de 2018 y los asignó a damnificados y a la reconstrucción por el terremoto de 8.2 que azotó al estado el pasado 7 de septiembre.
La iniciativa presentada por el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura local, Eduardo Ramírez Aguilar, reforma el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado para que los gastos de campaña de 2018 se asignen en su totalidad a la población en situación de desastre.
Enfatizó que para el próximo año quienes aspiren a los cargos de elección popular, por ejemplo, gobernador, diputados, alcaldes, síndicos y regidores lo harán con sus propios recursos, porque el dinero de campaña se aplicará a la reconstrucción en la entidad.
Ramírez Aguilar aclaró que por la eliminación del financiamiento ninguna fuerza política quedará en desventaja, puesto que la legislación electoral permite el financiamiento privado de militantes y simpatizantes, como otra fuente para que los partidos políticos realicen "gastos operativos, de publicidad y se sostengan en los próximos meses".
El gobierno de Chiapas señaló en una tarjeta informativa que la reforma representa un ahorro aproximado total de 250 millones de pesos; 165 millones en financiamiento ordinario y 85 millones en erogaciones de campaña.
Sin embargo, las cifras aún presentan ambigüedades, puesto que Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario del PVEM ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, explicó que el monto aproximado es de 684 millones de pesos: 500 millones de pesos por gastos de campaña en las elecciones y 184 millones de pesos por gastos ordinarios partidistas del lapso 2017-2018.
Mendoza Castañeda añadió que se creará un consejo consultivo ciudadano, en el que cada partido propondrá a 10 personas, el cual asumirá la responsabilidad de fiscalización y del proceso de asignación de la obra pública en el que se ponderará a constructoras y empresas chiapanecas, a fin de impulsar la reactivación de la economía local. Abundó que también se manejará un fideicomiso administrado por la Secretaría estatal de Hacienda, “pero el candado será el comité fiduciario y el consejo consultivo ciudadano para una real transparencia y rendición de cuentas de los recursos de la reconstrucción”.
Puntualizó que no es la primera medida electoral excepcional por emergencia que se aplica en Chiapas, puesto que en 1998 y 2005, los gobiernos de Roberto Albores Gleason y de Pablo Salazar Mendiguchía, por desastres naturales debido a huracanes, pospusieron las elecciones por varios meses.
El gobernador Manuel Velasco Coello respaldó la reforma alcanzada en el Congreso local.
“Tiempos extraordinarios como los que hoy nos está tocando vivir requieren de respuestas igualmente extraordinarias, por ejemplo, las planteadas por la ciudadanía en apoyo a los damnificados de los terremotos”, señaló el mandatario.
Con información de El Universal