Sin dinero no hay política, así piensa en el Partido Verde Ecologista de México, el cual promovió un acción inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo la ley sin voto no hay dinero que promovió el diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto.
El Partido Verde Ecologista de México demandó la invalidez de la fracción IV, inciso a y B del artículo 13, fracción II del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Con la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco, con la cual se definiría el presupuesto a los partidos políticos con base a los votos que recibe, se estima que en tres años el estado de Jalisco ahorre alrededor de 550 millones de pesos.
El proyecto de resolución que próximamente revisará y debatirá la Corte está a cargo del ministro Jorge Pardo, quien Rebolledo emplazó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Jalisco para que rindan su informe dentro del plazo de seis días naturales.
También, Pardo Rebolledo requirió al Congreso de la entidad para que envíe a la SCJN copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates.
Además, solicitó a la presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, dentro del plazo de 10 días naturales, exprese por escrito su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad.
"Yo creo y quiero insistir en eso: nosotros hemos hecho una revisión exhaustiva de la constitucionalidad, tenemos todos los argumentos, tanto constitucionales como de la ley general que nos da la razón en cuanto al tema. Si tuviéramos que hacer modificaciones, tendrían que ser de forma y ninguna de fondo", había dicho el legislador Pedro Kumamoto cuando el Verde había amenazado con ir a la SCJN.
El legislador considera que los dirigentes del Partido Verde tienen errores de apreciación al no tomar en cuenta que cada entidad puede controlar el financiamiento que otorga a los partidos políticos con registro local.