En Panamá, elementos de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, confirmaron fuentes federales.
Investigaciones realizadas por agentes de la AIC llevaron a identificar a diversos colaboradores, quienes lo apoyaban en la logística de traslados mediante la compra de diversos boletos de avión, así como de la renta de departamentos y habitaciones de hoteles en diferentes ciudades como Miami, Florida; La Habana, Cuba; Nassau, Bahamas; Panamá, Panamá, y recientemente en Barcelona, España, a donde pensaba viajar en los próximos días.
Según los reportes, el ex gobernador se movía en Uber, por lo que fue otro de los elementos que llevaron a su captura. Borge llegó a Panamá el pasado 25 de mayo y se hospedaba en el departamento número 24 de la Torre Trump, ubicado en calle Punta Colón, cuyo costo por habitación era de aproximadamente 30 mil pesos por noche.
El priísta pretendía viajar a París, Francia, para después dirigirse a Madrid, España, pero antes de que abordara el vuelo fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá a las 20:00 horas.
¿De qué se le acusa?
Borge comenzó a estar en “el ojo del huracán” cuando en agosto del año pasado, el Servicio de Administración de Administración Tributaria (SAT) inició una auditoría sobre las actividades del Gobierno.
En octubre de ese año, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dio a conocer que había una demanda contra el exgobernador.
Para enero de 2017, los diputados del Congreso quintanarroense informaron que la Secretaria de la Gestión Pública alistaba al menos 30 demandas más en contra de colaboradores de Borge por irregularidades en organismos como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en la Consejería jurídica y en la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V.
Un mes después, Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública, dio a conocer que el Gobierno de Quintana Roo debe devolver más de 4 mil 700 millones de pesos después de que no se pudiera comprobar el uso de ese presupuesto en obras públicas o programas sociales de 2012 a 2014.
Fuente: Joaquín López Dóriga