Por votación unánime, el Senado avaló castigar la trampa que utilizan los gobernadores y presidentes municipales para esconder actos de corrupción, con la “muerte Civil”.
La propuesta pretende establecer la inhabilitación permanente a funcionarios públicos que hayan cometido actos graves de corrupción.
"Los servidores públicos o particulares serán inhabilitados de forma permanente para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, como se establece en la propuesta presentada por los legisladores del Acción Nacional en octubre pasado", señala el documento.
La iniciativa, pretende también mantener la inhabilitación temporal, como se estableció en la propuesta original, cuando dichos actos no causen daños, perjuicios o lucro, y se indica que la pena sería de tres meses y hasta un año, y de uno hasta 10 años si el monto de la afectación no excede las 200 veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización).
Con información de El Universal.