El Congreso del Estado de México turnó a comisiones, una iniciativa para abrogar dos decretos mediante los cuales se instituyeron desde 1945 y luego se ratificaron en 1993, diversas prerrogativas a favor de los exgobernadores, a quienes hasta la fecha se les asigna personal de seguridad y apoyo administrativo, con cargo al erario público.
Sobra decir que el Estado de México es el principal bastión priista del país.
Es por eso que el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado de México promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de pensiones “disfrazadas” para los exgobernadores y la designación de personal de seguridad, chofer y secretaria que son pagados con los impuestos de los mexiquenses.
La diputada Azucena Cisneros, recordó que en 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, en la que se dispone que, al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”, plantea su artículo primero.
Asimismo, años más tarde, indicó, el entonces gobernador Ignacio Pichardo expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.
Durante la presentación de la iniciativa, Azucena Cisneros, cuestionó si la asignación de estos “privilegios” tiene alguna “utilidad pública” frente a los nuevos tiempos que vive el país.
El decreto fue turnado a la Comisión de Gobernación para su análisis, por lo que en la misma sesión, legisladores dieron a conocer que la presidenta de ese órgano interno, la legisladora del PRI, Mercedes Colín Guadarrama, no ha realizado convocatoria alguna para sesionar y desahogar la agenda de la comisión
Ella, de inmediato, se levantó y señaló que no lo haría para el caso de esta iniciativa, ya que la prioridad en la Junta de Coordinación Política, era el paquete fiscal.